Mostrando entradas con la etiqueta Ciudad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ciudad. Mostrar todas las entradas

jueves, 24 de junio de 2010

Lo imposible solo tarda un poco más

Por Eduardo Toniolli


El jueves 15 de abril, a más de siete meses de su inicio, finalizó en los Tribunales

Federales de nuestra ciudad el juicio oral de la causa “Guerrieri Amelong”, en la que

se juzgó a cinco de los responsables materiales de los crímenes de lesa humanidad producidos en la zona de Rosario durante la vigencia de la última dictadura cívico militar en nuestro país


La culminación de un largo proceso judicial -que llevó casi tres décadas -, amén de un fallo contundente, aporta elementos que arrojan luz sobre nuestra historia reciente,

develando el compromiso de diversos factores de poder a la hora de garantizar la impunidad de aquellos que hoy recorren los estrados en carácter de imputados.

No casualmente el reo Juan Daniel Amelong hizo públicas -en las instancias finales del proceso judicial – las especulaciones que movilizan las esperanzas de los represores condenados: un eventual cambio de signo político en la conducción del Poder Ejecutivo Nacional podría granjearles una amnistía que les habilite terminar sus días en la

comodidad de sus hogares.

Las declaraciones del citado denunciando el carácter “político” de los procesos

judiciales en marcha, y sus constantes referencias a una supuesta “mano oculta” del Gobierno Nacional movilizándolas, además de dar cuenta de la centralidad de las políticas de Estado trazadas en la materia desde el año 2003 en adelante a la hora de avanzar en el camino de la Justicia, no hacen más que caracterizar – por contraste

-la escasa voluntad evidenciada por los diversos gobiernos constitucionales que

antecedieron al de Néstor Kirchner a la hora de quebrar las líneas de continuidad entre dictadura y democracia.

Luego de algunos avances en la materia, la rendición final del alfosinismo a mediados de la década de los ‘80, sólo dejó en pie su vocación por recusar y - vale recordar - en algunos casos penalizar, aquellas tradiciones de lucha que habían osado sobrevivir a los centros clandestinos de detención; quizás porque su sola pervivencia en el imaginario

colectivo de amplios sectores de la población, podía impugnar la idea de que la estabilidad institucional sólo era posible mediante la adopción de un republicanismo chirle y servil con aquellos poderes fácticos que - a lo largo de la historia argentina - habían enunciado su adhesión incondicional a la democracia o la república, mientras éstas no se convirtieran en obstáculo para sostener sus tasas de ganancias.


Sumado a ello, la misma década mostró a un peronismo oficial sin vocación para recordar a sus caídos y, más aún, movilizado por un macartismo militante hacia los sobrevivientes, evidencia viva – valga la redundancia – de un mandato histórico - ser revolucionario o no ser - cuyo planifcado olvido habría de galvanizar el camino hacia la traición del menemato.

Como contrapunto, vale señalar que el proceso político abierto en el año 2003 dio muestras de avanzar - en éste como en otros aspectos – dejando atrás la aceptación acrítica de los dictados del poder económico concentrado como política de Estado.

En ese avance inscribimos la política de Derechos Humanos de las dos últimas gestiones presidenciales: lo que para algunos eternos comentaristas del quehacer ajeno, es expresión de una polítíca de cooptación y domesticación de las reivindicaciones

de un colectivo de organizaciones y personalidades abocadas a dar visibilidad a un reclamo histórico, para quien esto escribe, no es más que una deseable

dinámica de re-articulación entre demandas sociales y sistema político, instancias disociadas a partir de la vigencia – durante la plena vigencia del neoliberalismo - de determinado paradigma de gestión de lo público, en el que la idea de “gobernabilidad” no era más que un eufemismo orientado a justificar el respeto a la voluntad omnímoda del etablishment.

Esta dinámica abierta a partir del proceso político iniciado hacia el año 2003 - acaso inspirada por el fantasma de las jornadas de diciembre de 2001 -, confirma el aserto señalado en su momento por un pensador nacional de la talla de Raúl Scalabrini Ortiz: “Los gobiernos no pueden realizar sino aquello que los pueblos saben pedir con autoridad y con firmeza.

De esa firmeza dependerá que no prosperen las propuestas amnistiantes enunciadas por cierta dirigencia política, mandadera de aquellos que exigen “no mirar más al pasado”, movilizados, más que por la suerte de septuagenarios represores, por resguardar el velo que la democracia recuperada mantuvo sobre relaciones de poder gestadas al calor de

gobiernos de facto que - sostenidos por la voluntad convergente de sectores concentrados de la economía nacional e internacional - se empeñaron en transformar radicalmente la estructura económica y social de nuestro país, y reformular profundamente el rol del Estado.

Una mirada atenta sobre aquel pasado reciente, permitiría dar cuenta – por ejemplo – de las razones de la continuidad de más de un magistrado en su privilegiada poltrona obtenida tras jurar por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, o del lugar de preeminencia de determinado grupo empresario en el mercado de las comunicaciones, a partir de las maniobras criminales que culminaron con la apropiación de Papel Prensa.

Quien juzgue excesiva – por conspirativa - esta lectura, puede remontarse a la madrugada del 8 de octubre de 1984, cuando se produjo en nuestra ciudad un escandaloso robo a los Tribunales Provinciales, en el que se sustrajeron documentos y

pruebas obtenidas por medio de allanamientos realizados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y por el Francisco Martinez Fermoselle: los archivos en cuestión daban cuenta, tanto de las identidades de quienes habían integrado los servicios de inteligencia del Ejército y otras fuerzas de seguridad durante la dictadura, como del rol jugado por grupos empresarios de la región en el financiamiento de la represión

miércoles, 23 de junio de 2010

LIFSCHITZ TE ESCUCHA

Por Lucila De Ponti


¿Qué pasa con el boleto de colectivo en la ciudad de Rosario que costaba 0, 75 centavos en 2004, y ha aumentado vertiginosamente desde entonces? Y que peor aún,los concejales socialistas hicieron todo lo humanamente posible para poder aumentarlo pocos días atrás. Tenemos el orgullo de habernos convertido en la ciudad con el boleto más caro de toda la Argentina. No solo eso, el boleto más caro de todo el país que no tiene descuento ni para los trabajadores ni para los estudiantes universitarios. Así están las cosas por Rosario, la mejor ciudad para vivir (?).

El intendente dice que la plata no alcanza, que existe un atraso tarifario y que, como siempre, hay que saldarlo con un aumento directo sobre el bolsillo de los usuarios.

Frente a todo esto nos surgen algunas preguntas:

Si el sistema de transporte público de la ciudad es caracterizado como deficitario al menos desde 2004, ¿Por qué la única solución que tiene la gestión municipal frente a esto es aumentar el boleto? Generando que año tras año, los que utilizamos el transporte

Público debamos ver incrementado el costo de este servicio que debería ser un derecho para todos, no un privilegio.

¿Por qué nunca se plantearon una revisión seria del sistema de transporte, que permita hacer foco también en las ganancias empresariales y en el manejo administrativo, buscando otra solución frente al déficit de las empresas



El intendente también dice que se debe reclamar por un aumento de los subsidios nacionales y provinciales. Actualmente la Nación otorga un subsidio al transporte público de la ciudad de Rosario que representa un 25% del presupuesto, ¿y la provincia? No sabe, no contesta. Frente a esto también nos preguntamos: ¿Por qué la municipalidad de Rosario no pide subsidios al gobernador para financiar el transporte público? Parece que el gobernador tampoco puede garantizar que los colectivos en Rosario funcionen sin tener que pagar $2 el boleto. Pero nos parece un poco raro que al gobernador Binner (a quien tampoco le alcanza el presupuesto para pagar los sueldos y por esto se ve obligado a aumentar los impuestos) sí le sobra parte del erario público para ayudar a los pobres compañeros del Grupo Clarín y de La Nación para que puedan realizar la Expoagro de 2008 y de 2010, subsidiándolos con la modesta suma de 5 millones cada año.

También nos parece un poco extraño que el intendente tenga siempre problemas presupuestarios cuando se trata del transporte público, o de pagar salarios, o del sistema sanitario, de los centros de salud, de promoción social, etc., porque no suele tener los mismos problemas para vender tierras fiscales a los dueños de Puerto Norte, de Ciudad Ribera, o para que hagan el Puerto de la Música y los Shopping, todas iniciativas que mejoran sustancialmente la vida de los rosarinos, aunque no nos demos cuenta. Será que para el intendente siempre es más fácil acordar con sus amigos los empresarios, que aumentarles los impuestos a los que más tienen para poder solventar las necesidades de aquellos que más lo necesitan.


Se nos ocurre pensar que las soluciones que encuentra el municipio frente a las problemáticas de los diferentes servicios públicos o las cuestiones relativas al vínculo de la sociedad con el Estado, siempre son las respuestas fáciles. Es decir, a justar sobre los impuestos o costos del “consumidor”, es decir nosotros, los rosarinos, los trabajadores quienes siempre afrontamos con nuestro bolsillo problemas que no necesariamente nos implican en sus causas. Pensando en esto nos quedan claras dos cuestiones que nos parecen fundamentales; un primer problema surge de la concepción que tiene el municipio del ciudadano como consumidor. Tanto el transporte público como otros servicios no son un bien que debamos adquirir, sino que constituyen un derecho que debe estar garantizado de forma igualitaria para todos, no solo para quienes

puedan costearlo. Y un segundo problema es que la única respuesta de la Municipalidad frente a los problemas presupuestarios es aumentar los impuestos o tarifas, constituyendo políticas excluyentes y fragmentadoras. Esto nos parece lo más grave viniendo de una gestión que se dice socialista y que en los papeles representa y defiende los derechos de todos y todas, pero que en los hechos la historia es otra y parece que todos y todas son cada vez menos y viven entre los Boulevares.