El jueves 15 de abril, a más de siete meses de su inicio, finalizó en los Tribunales
Federales de nuestra ciudad el juicio oral de la causa “Guerrieri Amelong”, en la que
se juzgó a cinco de los responsables materiales de los crímenes de lesa humanidad producidos en la zona de Rosario durante la vigencia de la última dictadura cívico militar en nuestro país
La culminación de un largo proceso judicial -que llevó casi tres décadas -, amén de un fallo contundente, aporta elementos que arrojan luz sobre nuestra historia reciente,
develando el compromiso de diversos factores de poder a la hora de garantizar la impunidad de aquellos que hoy recorren los estrados en carácter de imputados.
No casualmente el reo Juan Daniel Amelong hizo públicas -en las instancias finales del proceso judicial – las especulaciones que movilizan las esperanzas de los represores condenados: un eventual cambio de signo político en la conducción del Poder Ejecutivo Nacional podría granjearles una amnistía que les habilite terminar sus días en la
comodidad de sus hogares.
Las declaraciones del citado denunciando el carácter “político” de los procesos
judiciales en marcha, y sus constantes referencias a una supuesta “mano oculta” del Gobierno Nacional movilizándolas, además de dar cuenta de la centralidad de las políticas de Estado trazadas en la materia desde el año 2003 en adelante a la hora de avanzar en el camino de
-la escasa voluntad evidenciada por los diversos gobiernos constitucionales que
antecedieron al de Néstor Kirchner a la hora de quebrar las líneas de continuidad entre dictadura y democracia.
Luego de algunos avances en la materia, la rendición final del alfosinismo a mediados de la década de los ‘80, sólo dejó en pie su vocación por recusar y - vale recordar - en algunos casos penalizar, aquellas tradiciones de lucha que habían osado sobrevivir a los centros clandestinos de detención; quizás porque su sola pervivencia en el imaginario
colectivo de amplios sectores de la población, podía impugnar la idea de que la estabilidad institucional sólo era posible mediante la adopción de un republicanismo chirle y servil con aquellos poderes fácticos que - a lo largo de la historia argentina - habían enunciado su adhesión incondicional a la democracia o la república, mientras éstas no se convirtieran en obstáculo para sostener sus tasas de ganancias.
Sumado a ello, la misma década mostró a un peronismo oficial sin vocación para recordar a sus caídos y, más aún, movilizado por un macartismo militante hacia los sobrevivientes, evidencia viva – valga la redundancia – de un mandato histórico -
Como contrapunto, vale señalar que el proceso político abierto en el año 2003 dio muestras de avanzar - en éste como en otros aspectos – dejando atrás la aceptación acrítica de los dictados del poder económico concentrado como política de Estado.
En ese avance inscribimos la política de Derechos Humanos de las dos últimas gestiones presidenciales: lo que para algunos eternos comentaristas del quehacer ajeno, es expresión de una polítíca de cooptación y domesticación de las reivindicaciones
de un colectivo de organizaciones y personalidades abocadas a dar visibilidad a un reclamo histórico, para quien esto escribe, no es más que una deseable
dinámica de re-articulación entre demandas sociales y sistema político, instancias disociadas a partir de la vigencia – durante la plena vigencia del neoliberalismo - de determinado paradigma de gestión de lo público, en el que la idea de “gobernabilidad” no era más que un eufemismo orientado a justificar el respeto a la voluntad omnímoda del etablishment.
Esta dinámica abierta a partir del proceso político iniciado hacia el año 2003 - acaso inspirada por el fantasma de las jornadas de diciembre de 2001 -, confirma el aserto señalado en su momento por un pensador nacional de la talla de Raúl Scalabrini Ortiz: “Los gobiernos no pueden realizar sino aquello que los pueblos saben pedir con autoridad y con firmeza.
De esa firmeza dependerá que no prosperen las propuestas amnistiantes enunciadas por cierta dirigencia política, mandadera de aquellos que exigen “no mirar más al pasado”, movilizados, más que por la suerte de septuagenarios represores, por resguardar el velo que la democracia recuperada mantuvo sobre relaciones de poder gestadas al calor de
gobiernos de facto que - sostenidos por la voluntad convergente de sectores concentrados de la economía nacional e internacional - se empeñaron en transformar radicalmente la estructura económica y social de nuestro país, y reformular profundamente el rol del Estado.
Una mirada atenta sobre aquel pasado reciente, permitiría dar cuenta – por ejemplo – de las razones de la continuidad de más de un magistrado en su privilegiada poltrona obtenida tras jurar por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, o del lugar de preeminencia de determinado grupo empresario en el mercado de las comunicaciones, a partir de las maniobras criminales que culminaron con la apropiación de Papel Prensa.
Quien juzgue excesiva – por conspirativa - esta lectura, puede remontarse a la madrugada del 8 de octubre de 1984, cuando se produjo en nuestra ciudad un escandaloso robo a los Tribunales Provinciales, en el que se sustrajeron documentos y
pruebas obtenidas por medio de allanamientos realizados por
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